Corte Suprema evalúa anular la condena a Pedro Castillo por una falla en el juicio

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analiza dejar sin efecto la condena contra Pedro Castillo, expresidente sentenciado en noviembre de 2025 a once años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva por el golpe de Estado de 2022, a raíz de un supuesto defecto en el proceso.

Si se confirma el problema, el juicio contra Castillo tendría que empezar de nuevo desde cero.

La Corte Suprema aceptó a trámite, el 22 de octubre, el recurso de apelación que la fiscalía y la procuraduría del Estado interpusieron contra la sentencia. La medida alcanza, entre otros procesados, a los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez.

En esa misma resolución, los magistrados pidieron a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos "un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria...".

Qué piden los jueces supremos sobre la condena a Pedro Castillo

Los magistrados también preguntaron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si emitió alguna resolución sobre ese delito, ya sea en la etapa intermedia o durante la investigación preparatoria.

Según fuentes consultadas en la Corte Suprema, la consecuencia más probable de este requerimiento es la nulidad del juicio. Lo mejor que podría ocurrir, indicaron, es que se programen nuevas audiencias públicas para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

Rebelión y conspiración para la rebelión: dos delitos distintos

Al revisar el expediente, se advierte que la fiscalía investigó a Castillo por rebelión y por conspiración para la rebelión, en agravio del Estado. Al resolver varios recursos de apelación, se señaló que se trataba de dos delitos y de dos hechos distintos.

Luego, la fiscalía acusó al expresidente solo por rebelión y pidió que se le impusieran 34 años de prisión. Después de esa acusación, el delito de conspiración para la rebelión no vuelve a aparecer en el expediente judicial.

La Sala Penal Especial que condenó a Castillo dejó de lado la acusación por rebelión y lo sentenció solo por conspiración para la rebelión. Sin embargo, ese delito ya estaba definido desde el inicio de la investigación.

Así, los jueces del juicio no estaban en condiciones de condenarlo por ese delito si la fiscalía ya había determinado que no hubo conspiración para la rebelión, o si existe un proceso aparte. En la sentencia escrita se indica que fue investigado por conspiración, pero no se precisa cómo terminó ese proceso, en caso de que haya concluido. Existe, por tanto, una posible afectación al debido proceso y al derecho de defensa.

Es posible que la conclusión de ese delito se haya tramitado por separado. Por ello, los jueces supremos reclaman a la fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que informen si ese tema llegó a resolverse y que remitan las copias respectivas del expediente.

Un nuevo juicio como posible salida

Según las fuentes judiciales, tanto si el delito sigue en el limbo jurídico como si fue archivado sin ser tratado en el juicio, la única salida sería un nuevo juicio que evalúe en conjunto la rebelión y la conspiración para la rebelión. La razón es que no pueden existir pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.

Todos estos puntos se discutirán en la audiencia de apelación. La fiscalía aún puede intentar salvar el caso, mientras que la defensa tendría un argumento más para pedir la nulidad de todo el proceso.

Los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano integran la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Tras la audiencia y una vez que lleguen los informes de la fiscalía y del juzgado, el colegiado emitirá su pronunciamiento.